Ecoparque: liquidación por cierre

Desde su anuncio, la transformación del Zoológico en un espacio de conservación animal no hizo más que alejarse de su idea original: traslado descuidado de animales, vaciamiento, abandono, concesión de edificios y reducción del terreno. Un ideal que se convirtió en negocio; un negocio que debe ser rentable.

Desde afuera, el panorama no es nada alentador. Entre las rejas que rodean todo el terreno, y las maderas que intentan cerrar el paso a ojos curiosos, todavía se vislumbran detalles que, aún así, dicen mucho: recintos vacíos, materiales amontonados, una excavadora inmóvil. Cada tanto, un animal solitario: un pavo real que se acerca a los transeúntes, las rayas blancas y negras de una cebra olvidada; incluso alguna que otra rata escapando de testigos indiscretos.

Desidia y abandono, eso es lo que se ve desde afuera. Y es todo lo que puede verse, porque desde que el 23 de junio de 2016, Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anunciara el cierre del Jardín Zoológico de Buenos Aires y su transformación en un Ecoparque Interactivo, el sitio permaneció con sus puertas cerradas al público; y nadie más pudo ver lo que pasa allí adentro.

Ecoabandono

El 7 de diciembre de 2016, la Legislatura porteña aprobó la ley 5752, marco institucional necesario para llevar a cabo el proyecto de transformación del ex zoológico en un nuevo y moderno parque ecológico. En su artículo 2, el texto establece como finalidad “contribuir a la conservación de la biodiversidad, a la promoción de la educación ambiental, al fomento de la innovación para el desarrollo sustentable y a la concientización y recreación de la población por medio de la experiencia interactiva con los componentes de la naturaleza”. Según el ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires, Andy Freire, "es una manera moderna de educar a la familia respecto del medioambiente sin usar animales". Era el paso necesario para erradicar un modelo de zoológico victorino del siglo XVIII y dar lugar a un espacio de conservación y bienestar animal, educación ambiental y desarrollo de tecnología y conocimiento. Con este objetivo, era muy difícil estar en desacuerdo.

Sin embargo aquel ideal está muy lejos de convertirse en realidad. Desde la misma denominación “Ecoparque” -usualmente acuñada por empresas de reciclaje de residuos- el proyecto dio muestras de la ligereza o ingenuidad con que había sido anunciado. Las asignaciones como directores del Ecoparque de María Avendaño, primero, y de Gonzalo Pascual, luego -ambos pertenecientes al mundo de las finanzas y con ninguna experiencia a cargo de instituciones de conservación animal-, fueron los primeros pasos en falso. “No les podía ir bien porque se toparon rápidamente con una contradicción enorme entre lo que se había anunciado y lo que se podía hacer”, afirma Claudio Bertonatti, ex director del Zoológico e integrante de la coalición de organizaciones que aconsejó al gobierno sobre la transformación del Ecoparque.

Esto se observó en el proceso de derivación y traslado de los animales, que no fue considerado en toda su complejidad. El objetivo era reducir a 350 el número de individuos viviendo en el predio, representantes de 50 especies autóctonas y distribuidos según los ambientes naturales de cada región argentina. Pero no se tuvo en cuenta los diversos factores que intervienen al momento de llevar a cabo el traslado y/o liberación de los animales, como sus condiciones físicas y sanitarias o la disponibilidad de sitios adecuados para su permanencia. “Es así que terminan derivando animales a donde pueden y no a donde querían o se debería, que es lo más importante”, explica Bertonatti; “por ejemplo, liberaron antílopes de la India y ciervos gamo cerca de Villa Elisa, y lo hicieron sin ningún tipo de rehabilitación previa, con lo cual la gran parte de esos ciervos murieron al poco tiempo, o por estrés o por justamente no haber estado rehabilitados para poder desenvolverse solos en un medio natural.”

Tales circunstancias, sumadas a las deplorables condiciones del predio que fuera del Zoológico de Buenos Aires -algo que puede observarse incluso desde las terrazas y balcones de los edificios aledaños-, llevaron a la muerte de la rinoceronte Ruth y de la jirafa Shaki en julio de este año, en un lapso de 10 días. Y fueron también parte del motivo de que Claudio Bertonatti presentara una denuncia en la Unidad Fiscal Especializada en Medio Ambiente (UFEMA) contra el gobierno de la Ciudad y la dirección del Ecoparque.

Ecofraude

“A mí no me nació generar o presentar una denuncia porque un día me levanté mal”, explica Bertonatti. Desde un principio, se había construido una instancia de diálogo continuo con el gobierno: el proyecto del Ecoparque había sido pensado entre muchos expertos. Pero en la práctica estaba tomando un rumbo muy diferente. “El objetivo de esta denuncia no fue solamente indagar sobre o esclarecer de qué murieron los animales, sino plantear que eso es consecuencia de algo previo, de un mal manejo de toda la institución.”, agregó el ex director del Zoológico.

Esta situación de abandono también se percibe en el reciente trabajo dentro del Ecoparque, luego de más de un año de inactividad, como relata Carlos Aguirre, quien pasa sus días en las inmediaciones del ex Zoo al ser supervisor de una línea de colectivos. Algo que cobra una dimensión aún mayor si se considera que en diciembre se planea abrir un sector del nuevo parque al público -siendo el 2023 la fecha de su inauguración total. Si a este escenario se le agrega el estado de los animales, los cuales -según la denuncia realizada- conviven en situaciones penosas, entre ratas y cucarachas y expuestos a todo tipo de enfermedades e infecciones, el panorama es desolador. Y, sobre todo, muy diferente a lo que establece la ley 5752. Yanina Ricci, abogada especializada en temas ambientales explica que para llevar a cabo un procedimiento judicial, en principio, se debe ir a un comisaría o fiscalía, preferentemente a esta última, e iniciar la denuncia con la mayor cantidad de ‘pruebas’ que se puedan conseguir: fotos, videos, documentos, etc. Por eso, Bertonatti acudió con una gran cantidad de evidencia del “estado calamitoso” de los recintos de los animales a la UFEMA. Si bien la acción de la Justicia fue inmediata, la respuesta generalizada del gobierno y de los funcionarios del Ecoparque, fue la negación, acusando el material presentado de ser falso o estar desactualizado. “Si hablás con un cuidador te va a decir que están perfectos, pero ningún animal puede estar bien en cautiverio con máquinas y topadoras trabajando al lado. Y son de público conocimiento los videos donde se ve el deterioro de los recintos”, asegura Giselle Ortiz, integrante de la agrupación SinZoo -la cual participa en manifestaciones frecuentes en Plaza Italia, pidiendo por el respeto de los derechos de los animales. Así mismo, Bertonatti sostiene su postura frente a los oídos sordos oficiales: “Es fácil advertir que las condiciones de sanidad o bienestar no están descollando. Si en menos de dos semanas se mueren un rinoceronte y una jirafa en los recintos donde están realizando obras, tampoco me parece que es una gestión digna de admiración.”

El mal estado del establecimiento y de los animales que permanecen en él no fue el único motivo que impulsó la denuncia de Claudio Bertonatti. Otra razón fue el claro incumplimiento de la ley 5752 por parte de Gonzalo Pascual, hoy ex director del Ecoparque, quien quebrantó el diálogo con las organizaciones ambientales al llevar a cabo dos medidas contradictorias con el objetivo principal del proyecto: por un lado, el anuncio de la reducción de la superficie del parque a un mínimo núcleo central; y en consistencia con esto, la presentación de un proyecto de ley a la Legislatura de la Ciudad para dar en concesión 21 edificios con sus respectivos espacios verdes, priorizando los fines comerciales por sobre los ambientales. “Yo venía cultivando el diálogo con todas las autoridades del Gobierno de la Ciudad, con el anhelo de que ellos pudieran hacer algo que yo no logré, que es transformar el viejo Zoológico de Buenos Aires en un moderno centro de conservación de la naturaleza”, explica Bertonatti. Pero lejos de promover el bienestar animal, las acciones de Pascual atentan contra el cumplimiento de la ley por la cual se creó el Ecoparque, “porque si esa ley obliga a la institución a generar condiciones de bienestar, desarrollar programas de ciencia, conservación y educación, una de las premisas básicas es que necesitamos más espacio, no menos; sobre todo si queremos agrandar los recintos para que los animales estén mejor.”

Ecoshopping

David Harvey sostiene que una de las características del neoliberalismo es la mercantilización de todas las esferas de la vida, tanto pública como privada. Esta lógica busca convertir todo en un negocio y obtener los mejores resultados -en términos económicos y de eficiencia- en cualquier actividad. En este contexto, el medio ambiente se percibe como un mero recurso; y el Ecoparque no escapa a ello. Una acción evidente en este sentido es la pretensión del Gobierno de la Ciudad de concesionar 21 edificios del predio a comerciantes privados en un claro negocio inmobiliario para explotar el terreno y, como dice Giselle Ortiz, de SinZoo, “sacar tajadas de todos lados”.

El proyecto de ley impulsado por Gonzalo Pascual -antes de que fuera obligado a dejar su cargo a razón de las denuncias realizadas- ya se encuentra aprobado por la Legislatura porteña, y permitirá el desarrollo de actividades comerciales privadas dentro del terreno, y en edificios que fueron declarados patrimonio histórico de la Ciudad. Sin embargo, hasta el momento de la acción parlamentaria, “las concesiones del lugar venían haciéndose con muchas irregularidades, no respetando normativas y procedimientos y con mucha corrupción en el medio”, según cuenta Yanina Ricci a partir de lo que se habla en el campo legal. “Va a ser un Ecoshopping a cielo abierto; pondrán cafeterías, restaurantes, etc. y en el centro estará el zoo”, dice Ortiz, utilizando un término que se popularizó entre las voces críticas al proyecto de transformación del Zoológico.

La ley implica, tanto por parte de los privados como del gobierno y las entidades públicas responsables del proyecto, un total descuido y desinterés de lo que esto causará en el bienestar de las especies que permanecen en cautiverio. “El 23 de junio de 2016, Larreta anuncia que el Zoológico iba a ser un Ecoparque y que los animales iban a ser respetados porque ‘le daba pena ver como estaban’. Por eso montó un negocio donde se olvidó de todo eso, concesionó edificios y vivirá de alquiler por 20 años.” La ironía no opaca la fuerte crítica de Ortiz, mucho menos las acciones que, en conjunto con otras circunstancias, derivaron en una denuncia judicial. “No es conservación, no es educación”, sostiene la activista ambiental, “es un negocio que se basa en la crueldad.”

Actualmente, las máquinas trabajan dentro del Ecoparque y, cada tanto, se ven camiones entrar y salir del predio; la presión que impone la cercanía de diciembre y de una eventual apertura al público lograron reactivar el movimiento en un lugar que ya se creía abandonado. De los animales todavía se habla poco y nada mientras el proceso judicial a cargo de UFEMA aún se está llevando a cabo.

El abandono es lo que permanece a simple vista. Sin embargo, la asignación del nuevo director, Federico Iglesias -quien depende de la Agencia de Protección Ambiental- renovó, aunque más no sea, parcialmente, las esperanzas de aquellos que habían soñado con el proyecto original plasmado en la ley 5752. “Yo lo que creo es que se está todavía entre la oportunidad de transformar esta institución en algo digno, que inspire valor por la naturaleza, que comprometa a sus visitantes a ser más atentos, cuidadosos, conocedores de la naturaleza argentina.”, expresa Claudio Bertonatti. “Cultivo la esperanza y espero que las nuevas autoridades, en reemplazo de las anteriores que dejaron mucho que desear, hagan un buen trabajo.”